La Gobernadora Regional del Maule Cristina Bravo, valoró el inicio del trámite de promulgación de la Ley Corta de Descentralización, la que luego de pasar por la Sala del Senado y la Cámara Baja, se despachó a la Comisión Mixta y ahí se visaron las propuestas para implementar adecuadamente el proceso de descentralización del país.
La ley de la cual se espera su promulgación en los próximos días, regula la debida coordinación que deberán tener las autoridades y servicios públicos regionales, con el respectivo gobernador o gobernadora regional.
“Creemos que esta ley es un avance en la dirección correcta, porque viene a aclarar algunas dudas sobre el rol de las gobernadoras y gobernadores regionales respecto de los servicios y reparticiones públicas de la región del Maule, acotando el rol del delegado presidencial, ya que nosotros fuimos elegidos por elección popular. Sin embargo tal como lo dijimos en el encuentro de gobernadora, todavía falta mucho camino por recorrer ”, indicó la Gobernadora Regional.
Entre las materias que se dispone en esta nueva ley, están la de incorporar como facultad de la Gobernadora Regional, la de coordinar, supervigilar o fiscalizar, según corresponda, a los servicios públicos que dependen de o se relacionen con el gobierno regional respectivo. Y también la de convocar o citar a las seremías o direcciones regionales que se relacionen con el Presidente de la República o Seremis.
“Este es un trabajo que venimos haciendo hace más de 2 meses las 16 gobernadoras y gobernadores regionales, hemos hablado con los parlamentarios para darle a conocer la importancia de esta ley, porque es importante relevar a las gobernadoras y los gobernadores, ya que somos quienes definimos el presupuesto y prioridades y tenemos ahora la facultad de coordinar y citar a los servicios públicos, incluidos secretarios regionales ministeriales ”, agregó la máxima autoridad regional.
Esta nueva ley faculta a la Gobernadora Regional del Maule a convocar a las secretarías regionales ministeriales y / oa las direcciones regionales de los servicios públicos para tratar sus políticas, estrategias, planes programas y proyectos, que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la estrategia regional de desarrollo.