Según el profesional, más de 10.000 sentencias de declaración de interdicción han sido dictadas sobre la base de una ley derogada hace más de una década.“Se trata de una situación concreta, no de una especulación. Es un hecho documentado por meses y que he investigado profundamente. Lo que ha ocurrido es la vulneración de derechos fundamentales de personas con discapacidad mental y, además, una grave afectación al Estado de Derecho”, aseguró Aravena.El problema radica en que, desde 2010, la Ley N° 19.284 fue reemplazada por la Ley N° 20.422. Sin embargo, tribunales civiles de todo el país han continuado utilizando artículos ya derogados —como el artículo 4°— para dictar sentencias en causas de interdicción por discapacidad mental, nombrando curadores y restringiendo derechos en procesos que, legalmente, carecen de sustento jurídico.“El sistema judicial actuó por inercia, bajo una cultura de copiar y pegar. Se recibieron solicitudes bajo una norma derogada, se tramitaron y se dictaron sentencias. Estamos ante un error histórico que ha sido invisibilizado a nivel nacional”, enfatizó el abogado.Aravena advirtió que este vacío legal no solo deja en la indefensión a las personas afectadas, sino que impide cualquier acción colectiva en contra de abogados o del Estado, dejando sin reparación a las familias implicadas.Finalmente, el abogado llamó a una revisión urgente del sistema jurídico y a la creación de mecanismos eficaces para reparar el daño causado: “Si sacamos los principios jurídicos de un Estado de Derecho, este deja de serlo. Lo que ha ocurrido, afecta directamente la credibilidad del sistema judicial chileno”.
Según el profesional, más de 10.000 sentencias de declaración de interdicción han sido dictadas sobre la base de una ley derogada hace más de una década.“Se trata de una situación concreta, no de una especulación. Es un hecho documentado por meses y que he investigado profundamente. Lo que ha ocurrido es la vulneración de derechos fundamentales de personas con discapacidad mental y, además, una grave afectación al Estado de Derecho”, aseguró Aravena.El problema radica en que, desde 2010, la Ley N° 19.284 fue reemplazada por la Ley N° 20.422. Sin embargo, tribunales civiles de todo el país han continuado utilizando artículos ya derogados —como el artículo 4°— para dictar sentencias en causas de interdicción por discapacidad mental, nombrando curadores y restringiendo derechos en procesos que, legalmente, carecen de sustento jurídico.“El sistema judicial actuó por inercia, bajo una cultura de copiar y pegar. Se recibieron solicitudes bajo una norma derogada, se tramitaron y se dictaron sentencias. Estamos ante un error histórico que ha sido invisibilizado a nivel nacional”, enfatizó el abogado.Aravena advirtió que este vacío legal no solo deja en la indefensión a las personas afectadas, sino que impide cualquier acción colectiva en contra de abogados o del Estado, dejando sin reparación a las familias implicadas.Finalmente, el abogado llamó a una revisión urgente del sistema jurídico y a la creación de mecanismos eficaces para reparar el daño causado: “Si sacamos los principios jurídicos de un Estado de Derecho, este deja de serlo. Lo que ha ocurrido, afecta directamente la credibilidad del sistema judicial chileno”.
