El abogado querellante en los casos Dominga y Alto Mando, Luis Mariano Rendón, presentó el pasado miércoles una denuncia administrativa contra el fiscal nacional, Ángel Valencia, por presunto abuso de poder. La denuncia surge luego de que la Fiscalía Nacional emitiera un comunicado desmintiendo las acusaciones realizadas por la defensa del abogado Luis Hermosilla sobre una reunión entre él y el exministro del Interior, Andrés Chadwick. En el comunicado, la Fiscalía calificó dementiras y amenazas las imputaciones realizadas por la defensa de Hermosilla, lo que, según Rendón, vulnera las normas éticas del Ministerio Público. El abogado argumentó que es inapropiado que la Fiscalía se haya pronunciado de esa manera sin una investigación previa que respalde tales afirmaciones, señalando que la calificación de estos hechos corresponde a los tribunales, no a la propia Fiscalía. Rendón, quien ha sido querellante en varias causas contra el expresidente Sebastián Piñera, como Dominga y Alto Mando, destacó que la Fiscalía, al defender públicamente a Valencia, utilizó la institución como un escudo, lo que considera inaceptable.Valencia tiene el derecho de defenderse, pero no debe hacerlo a costa de la institución que lidera, sostuvo el abogado. Además, Rendón expresó su interés en que se investigue a fondo si hubo alguna intervención de Valencia en las investigaciones contra Piñera, señalando que podría haber una explicación sobre la supuesta falta de impulso en dichas causas.
En una reciente entrevista en Mesa Central de Tele13 Radio, el fiscal nacional, Ángel Valencia, abordó una reunión clave que tuvo con el abogado imputado Luis Hermosilla y el exministro del Interior, Andrés Chadwick, poco después de asumir su cargo en la Fiscalía. Valencia enfatizó que su interacción con Chadwick, quien actualmente enfrenta investigaciones en el caso Audio, se debió arazones profesionales, negando cualquier vínculo político o personal. Ante esto, Valencia también mencionó que, durante su etapa de doctorado, consultó a Chadwick sobre su ingreso a la Universidad San Sebastián, aunque su relación con él fue breve y limitada. Al referirse a posibles conflictos de interés, el fiscal expresó que, si se presentara una causa que lo involucrara directamente, se inhabilitaría para abordarla. Asimismo, un aspecto controvertido de la entrevista fue la revelación de un encuentro con Hermosilla, donde el abogado le planteó inquietudes sobre el caso de Héctor Espinosa, exdirector de la PDI, acusado de corrupción. Valencia rechazó las solicitudes de Hermosilla, recordando que no era su competencia intervenir en dicha materia. El fiscal reconoció que su conversación con el abogado fue inapropiada y reflexionó sobre la lección aprendida, asegurando que no repetirá un comportamiento similar en el futuro. Finalmente, esta situación destaca la complejidad de los vínculos entre abogados y fiscales, así como la necesidad de mantener la integridad y la independencia en la investigación de casos de corrupción.
Durante la mañana de este jueves, el Ministerio Público no accedió a entregar copias de unas conversaciones en WhatsApp relacionadas con el caso Hermosilla. Para detallar, el Comité de Ética de la Corte Suprema solicitó la entrega de dichas copias como parte de los antecedentes de la investigación penal que involucra al exjuez Juan Antonio Poblete Méndez y el abogado Luis Hermosilla Osorio. Sin embargo, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia confirmó el rechazo de la solicitud. Para contextualizar, según Ciper Chile en la conversación por WhatsApp Migueles habría ofrecido al Fiscal Carlos Palma en el último proceso de elección pagarle un doctorado y posicionarlo a la cabeza de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte en reemplazo del fiscal Xavier Armendáriz. Asimismo, a través de un oficio el fiscal Ángel Valencia apuntó a que lo solicitado por la Corte Suprema está relacionado con información incluida en investigaciones penales en curso, argumentando que con lo establecido en el Código Procesal Penal estos antecedentes deben mantenerse en secreto. Cabe destacar que, Gonzalo Migueles, uno de los involucrados y actual pareja de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco solicitó al fiscal Valencia no entregar dichas conversaciones. Dado lo anterior, el fiscal Ángel Valencia manifestó quese mantiene el mayor ánimo de colaboración interinstitucional para el esclarecimiento de los hechos por parte de la Comisión de Ética de la Corte Suprema, conforme a las facultades del Ministerio Público.
Tras la controvertida audiencia donde se redujeron las medidas cautelares a cinco miembros del Tren de Aragua, la Fiscalía Nacional ha anunciado el inicio de una investigación penal. Esta medida se toma en medio de cuestionamientos y la posibilidad de amenazas contra el fiscal que participó en dicha audiencia. El fiscal nacional, Ángel Valencia, ha confirmado el inicio de la investigación, la cual estará a cargo del fiscal regional de Atacama, Alexis Rogat. Esta investigación se origina a partir de una denuncia presentada por el fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local de Los Vilos, Patricio Jory, contra el abogado asistente de esa fiscalía, Luis Alejandro Soto Pérez, por presuntos delitos ocurridos durante la audiencia del 3 de junio en el Juzgado de Garantía de Los Vilos. En una entrevista con Agricultura, el fiscal Valencia planteó la posibilidad de amenazas recibidas por el persecutor que estuvo presente en la audiencia contra los miembros del Tren de Aragua. Valencia enfatizó en el peligro que enfrentan los fiscales y profesionales al combatir el crimen organizado, pidiendo no prejuzgar al fiscal involucrado y sugiriendo que podría haber sido víctima de amenazas. La controversia surgió después de que los acusados de secuestro agravado, asociación ilícita y robo con intimidación fueran liberados con medidas cautelares menos severas, incluido el arresto domiciliario, firma mensual y arraigo nacional, tras el pago de una fianza de 5 millones de pesos. Esta decisión fue tomada por la jueza de garantía de Los Vilos, Daniella Pinto, luego de un error de la fiscalía que generó críticas desde diversos sectores políticos.
Este lunes marca un mes desde el brutal asesinato de tres carabineros en Cañet e, región del Biobío, un hecho que ha conmocionado al país. Los suboficiales mayores Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal fueron acribillados la madrugada del 27 de abril en la comuna de la provincia de Arauco. Los uniformados habrían sido víctimas de una emboscada, siendo atacados fuera del vehículo policial en el que se movilizaban, el cual luego fue incendiado junto a los cuerpos de las víctimas. Además, los agresores sustrajeron las armas de fuego que portaban los carabineros. A un mes del crimen, las autoridades han proporcionado actualizaciones sobre el estado de la investigación. El fiscal nacional, Ángel Valencia, en su participación en el programa Estado Nacional de TVN este domingo, expresó que están cerca de detener a los autores del homicidio. Estamos más cerca de poder esclarecer los hechos tal como ocurrieron y poder presentar a los autores ante la justicia , afirmó Valencia, mostrando un optimismo moderado respecto a los avances del caso. Prefiero que hablemos con resultados una vez que las diligencias avancen y estoy optimista respecto de qué vamos a poder hacer en ese caso , añadió. En contraste, la ministra del Interior, Carolina Tohá, optó por una postura más cautelosa respecto al progreso de la investigación. Yo no diría que el fiscal dijo que está a punto (de esclarecer los hechos), dijo que estamos en ese camino, que se ha estado trabajando para eso, que está más cerca ese momento , aclaró Tohá. La ministra enfatizó que, aunque desde el primer día se han logrado avances y se han desarrollado líneas investigativas, no es prudente anticipar fechas específicas. No lo hacemos jamás porque eso es darle ventaja a los delincuentes que deben estar escondiéndose y tratando de interrumpir la labor de la justicia , subrayó. Cuando se le preguntó sobre cuándo podría haber novedades, Tohá se mantuvo firme en su cautela: No voy a hablar en esos términos, yo les pido que me disculpen al respecto, pero quiero ser muy cautelosa. Estamos más cerca porque se ha ido avanzando y se sabrá cuando estemos en condiciones de presentar pruebas contundentes.
El abogado querellante en los casos Dominga y Alto Mando, Luis Mariano Rendón, presentó el pasado miércoles una denuncia administrativa contra el fiscal nacional, Ángel Valencia, por presunto abuso de poder. La denuncia surge luego de que la Fiscalía Nacional emitiera un comunicado desmintiendo las acusaciones realizadas por la defensa del abogado Luis Hermosilla sobre una reunión entre él y el exministro del Interior, Andrés Chadwick. En el comunicado, la Fiscalía calificó dementiras y amenazas las imputaciones realizadas por la defensa de Hermosilla, lo que, según Rendón, vulnera las normas éticas del Ministerio Público. El abogado argumentó que es inapropiado que la Fiscalía se haya pronunciado de esa manera sin una investigación previa que respalde tales afirmaciones, señalando que la calificación de estos hechos corresponde a los tribunales, no a la propia Fiscalía. Rendón, quien ha sido querellante en varias causas contra el expresidente Sebastián Piñera, como Dominga y Alto Mando, destacó que la Fiscalía, al defender públicamente a Valencia, utilizó la institución como un escudo, lo que considera inaceptable.Valencia tiene el derecho de defenderse, pero no debe hacerlo a costa de la institución que lidera, sostuvo el abogado. Además, Rendón expresó su interés en que se investigue a fondo si hubo alguna intervención de Valencia en las investigaciones contra Piñera, señalando que podría haber una explicación sobre la supuesta falta de impulso en dichas causas.
En una reciente entrevista en Mesa Central de Tele13 Radio, el fiscal nacional, Ángel Valencia, abordó una reunión clave que tuvo con el abogado imputado Luis Hermosilla y el exministro del Interior, Andrés Chadwick, poco después de asumir su cargo en la Fiscalía. Valencia enfatizó que su interacción con Chadwick, quien actualmente enfrenta investigaciones en el caso Audio, se debió arazones profesionales, negando cualquier vínculo político o personal. Ante esto, Valencia también mencionó que, durante su etapa de doctorado, consultó a Chadwick sobre su ingreso a la Universidad San Sebastián, aunque su relación con él fue breve y limitada. Al referirse a posibles conflictos de interés, el fiscal expresó que, si se presentara una causa que lo involucrara directamente, se inhabilitaría para abordarla. Asimismo, un aspecto controvertido de la entrevista fue la revelación de un encuentro con Hermosilla, donde el abogado le planteó inquietudes sobre el caso de Héctor Espinosa, exdirector de la PDI, acusado de corrupción. Valencia rechazó las solicitudes de Hermosilla, recordando que no era su competencia intervenir en dicha materia. El fiscal reconoció que su conversación con el abogado fue inapropiada y reflexionó sobre la lección aprendida, asegurando que no repetirá un comportamiento similar en el futuro. Finalmente, esta situación destaca la complejidad de los vínculos entre abogados y fiscales, así como la necesidad de mantener la integridad y la independencia en la investigación de casos de corrupción.
Durante la mañana de este jueves, el Ministerio Público no accedió a entregar copias de unas conversaciones en WhatsApp relacionadas con el caso Hermosilla. Para detallar, el Comité de Ética de la Corte Suprema solicitó la entrega de dichas copias como parte de los antecedentes de la investigación penal que involucra al exjuez Juan Antonio Poblete Méndez y el abogado Luis Hermosilla Osorio. Sin embargo, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia confirmó el rechazo de la solicitud. Para contextualizar, según Ciper Chile en la conversación por WhatsApp Migueles habría ofrecido al Fiscal Carlos Palma en el último proceso de elección pagarle un doctorado y posicionarlo a la cabeza de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte en reemplazo del fiscal Xavier Armendáriz. Asimismo, a través de un oficio el fiscal Ángel Valencia apuntó a que lo solicitado por la Corte Suprema está relacionado con información incluida en investigaciones penales en curso, argumentando que con lo establecido en el Código Procesal Penal estos antecedentes deben mantenerse en secreto. Cabe destacar que, Gonzalo Migueles, uno de los involucrados y actual pareja de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco solicitó al fiscal Valencia no entregar dichas conversaciones. Dado lo anterior, el fiscal Ángel Valencia manifestó quese mantiene el mayor ánimo de colaboración interinstitucional para el esclarecimiento de los hechos por parte de la Comisión de Ética de la Corte Suprema, conforme a las facultades del Ministerio Público.
Tras la controvertida audiencia donde se redujeron las medidas cautelares a cinco miembros del Tren de Aragua, la Fiscalía Nacional ha anunciado el inicio de una investigación penal. Esta medida se toma en medio de cuestionamientos y la posibilidad de amenazas contra el fiscal que participó en dicha audiencia. El fiscal nacional, Ángel Valencia, ha confirmado el inicio de la investigación, la cual estará a cargo del fiscal regional de Atacama, Alexis Rogat. Esta investigación se origina a partir de una denuncia presentada por el fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local de Los Vilos, Patricio Jory, contra el abogado asistente de esa fiscalía, Luis Alejandro Soto Pérez, por presuntos delitos ocurridos durante la audiencia del 3 de junio en el Juzgado de Garantía de Los Vilos. En una entrevista con Agricultura, el fiscal Valencia planteó la posibilidad de amenazas recibidas por el persecutor que estuvo presente en la audiencia contra los miembros del Tren de Aragua. Valencia enfatizó en el peligro que enfrentan los fiscales y profesionales al combatir el crimen organizado, pidiendo no prejuzgar al fiscal involucrado y sugiriendo que podría haber sido víctima de amenazas. La controversia surgió después de que los acusados de secuestro agravado, asociación ilícita y robo con intimidación fueran liberados con medidas cautelares menos severas, incluido el arresto domiciliario, firma mensual y arraigo nacional, tras el pago de una fianza de 5 millones de pesos. Esta decisión fue tomada por la jueza de garantía de Los Vilos, Daniella Pinto, luego de un error de la fiscalía que generó críticas desde diversos sectores políticos.
Este lunes marca un mes desde el brutal asesinato de tres carabineros en Cañet e, región del Biobío, un hecho que ha conmocionado al país. Los suboficiales mayores Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal fueron acribillados la madrugada del 27 de abril en la comuna de la provincia de Arauco. Los uniformados habrían sido víctimas de una emboscada, siendo atacados fuera del vehículo policial en el que se movilizaban, el cual luego fue incendiado junto a los cuerpos de las víctimas. Además, los agresores sustrajeron las armas de fuego que portaban los carabineros. A un mes del crimen, las autoridades han proporcionado actualizaciones sobre el estado de la investigación. El fiscal nacional, Ángel Valencia, en su participación en el programa Estado Nacional de TVN este domingo, expresó que están cerca de detener a los autores del homicidio. Estamos más cerca de poder esclarecer los hechos tal como ocurrieron y poder presentar a los autores ante la justicia , afirmó Valencia, mostrando un optimismo moderado respecto a los avances del caso. Prefiero que hablemos con resultados una vez que las diligencias avancen y estoy optimista respecto de qué vamos a poder hacer en ese caso , añadió. En contraste, la ministra del Interior, Carolina Tohá, optó por una postura más cautelosa respecto al progreso de la investigación. Yo no diría que el fiscal dijo que está a punto (de esclarecer los hechos), dijo que estamos en ese camino, que se ha estado trabajando para eso, que está más cerca ese momento , aclaró Tohá. La ministra enfatizó que, aunque desde el primer día se han logrado avances y se han desarrollado líneas investigativas, no es prudente anticipar fechas específicas. No lo hacemos jamás porque eso es darle ventaja a los delincuentes que deben estar escondiéndose y tratando de interrumpir la labor de la justicia , subrayó. Cuando se le preguntó sobre cuándo podría haber novedades, Tohá se mantuvo firme en su cautela: No voy a hablar en esos términos, yo les pido que me disculpen al respecto, pero quiero ser muy cautelosa. Estamos más cerca porque se ha ido avanzando y se sabrá cuando estemos en condiciones de presentar pruebas contundentes.
