En medio de la discusión de la Ley de Presupuestos 2025, el Senado ratificó la aplicación del test de drogas para la figura del Presidente de la República y su gabinete de ministros y subsecretarios, de forma semestral. Cabe recordar que tras la aprobación de la Cámara, desde La Moneda propusieron suprimir dicha medida como parte del Presupuesto, no obstante el Senado votó contra la idea del Ejecutivo y, por ahora, el test de drogas continuará vigente. La votación fue de 27 votos en contra, 12 a favor y 2 abstenciones. La indicación fue impulsada por el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma, quien destacó la importancia de que las autoridades se sometan a estos exámenes. Así como los diputados ya realizamos estos exámenes desde hace algún tiempo, no vemos razón para que el Presidente de la República, junto a sus ministros y subsecretarios, no deban también hacerlo, señaló el legislador. Desde el Gobierno, aunque no le cerraron la puerta a la aplicabilidad de los procedimientos, advirtieron que a través de la Ley de Presupuesto no es la forma más idónea. En esa misma línea, las reacciones no tardaron en llegar. Fue el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, explicó que no tenemos objeciones respecto de la necesidad de mejorar y perfeccionar nuestra legislación, pero creemos que esto debe hacerse a través de una normativa permanente, y no mediante la ley de presupuestos, que solo tiene vigencia por un año y donde, mediante una glosa, no se regulan todos los aspectos necesarios para que una normativa de esta naturaleza tenga sentido, sostuvo. De igual forma por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, recalcó que la iniciativa sobre el test de drogas no tenía mayor relación con la Ley de Propuesto y además, hizo reserva de constitucionalidad, por lo que podría acudir al Tribunal Constitucional.
El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, ratificó este miércoles la postura del ministro de Hacienda, Mario Marcel, de no entregar un bono a los vocales de mesa que trabajaron en las elecciones del 26 y 27 de octubre. Elizalde explicó que dicho trabajoes una obligación consagrada en la ley y que, en consecuencia, no corresponde realizar pagos adicionales. Ante esto, la discusión sobre un bono surgió después de que varios vocales de mesa denunciaran jornadas extenuantes y malas condiciones laborales durante los comicios regionales y municipales. A raíz de estas quejas, diputados de diversos sectores, así como el propio Servicio Electoral (Servel), apoyaron la propuesta de un pago extra o horas adicionales por los servicios prestados. Sin embargo, tanto Marcel como Elizalde coincidieron en que el Gobierno no puede destinar más recursos para este concepto. Elizalde insistió en que la postura del Ministerio de Hacienda ya está fijada y que, aunque los vocales de mesa cumplieron con una labor ardua,lo que corresponde es que la ley de Chile se cumpla. Además, el ministro recordó que la ley establece sanciones para aquellos que no cumplan con el rol asignado, subrayando que no es necesario recurrir a pagos adicionales para remunerar lo que ya está estipulado por la legislación.
En medio de las especulaciones sobre un inminente cambio de gabinete, el gobierno reafirmó su “total y absoluto respaldo” a la ministra del Interior, Carolina Tohá, para continuar liderando la cartera en medio de los desafíos de seguridad que enfrenta el país. La portavoz del Ejecutivo, Camila Vallejo, enfatizó la confianza del Presidente Gabriel Boric en Tohá, señalando que su gestión es clave para coordinar esfuerzos con las policías, el Ministerio Público y otras instituciones en la lucha contra la inseguridad, el crimen organizado y el narcotráfico en los barrios. Lo que yo puedo reafirmar es algo que ha dicho el Presidente de la República, que nuestra ministra del Interior y el equipo de gobierno cuentan con total y absoluto respaldo para las tareas que el mismo Presidente ha encomendado en torno a trabajar por la principal preocupación de los chilenos y chilenas, que es la agenda de seguridad, indicó Vallejo. Este apoyo explícito a Tohá surge en un contexto de cuestionamientos y críticas debido a su papel en el caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, lo que ha generado dudas sobre su continuidad en el ministerio. Sin embargo, Vallejo recalcó que el Ministerio del Interior debe estar “plenamente operativo y funcionando” para enfrentar los problemas de seguridad que afectan a la ciudadanía. Además, la vocera hizo una dura crítica al enfoque que ha tomado el debate sobre este caso, señalando que se ha centrado en la responsabilidad de Tohá y su par de la Mujer, Antonia Orellana, en lugar de atender a la protección de las víctimas.Es impresionante cómo ante la denuncia de violación contra un exsubsecretario termina siendo el foco de atención y de responsabilidad dos ministras mujeres, afirmó Vallejo, subrayando que el verdadero enfoque debería estar en el apoyo a las víctimas y en asegurar que la justicia actúe con rigurosidad y a tiempo. Finalmente, el gobierno, de esta manera, busca cerrar filas en torno a Tohá en la antesala de posibles ajustes ministeriales, reafirmando su compromiso con la agenda de seguridad y la lucha contra el crimen organizado.
Este lunes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, realizó una autocrítica sobre cómo el gobierno ha manejado el caso del exsubsecretario Manuel Monsalve. En respuesta a preguntas sobre si Monsalve se reunió con la familia de la denunciante durante su viaje a la región del Bío Bío, Tohá indicó que esa respuesta le corresponde al exsubsecretario. Respecto al descontento de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien expresó su deseo de haber sido informada antes sobre la situación, Tohá explicó que la decisión de mantener el asunto en reserva se debió a la naturaleza de los delitos denunciados, que involucran acciones en el marco de la Ley de Inteligencia, la cual exige una discreción absoluta. Asimismo, Tohá fue clara al afirmar que la filtración de información a la prensa no provino del gobierno, que mantuvo reserva total sobre el caso. También reconoció que la gestión del tema en La Moneda podría haber sido mejor. “Ciertamente esto se pudo haber hecho mejor, como todas las cosas, pero particularmente en esto identificamos varias materias. Lo que se puso en el centro fue actuar de manera responsable”, dijo. Finalmente, la ministra subrayó la necesidad de evaluar la permanencia de Monsalve en el cargo desde un principio y explicó que la demora entre el conocimiento de la denuncia y la renuncia del subsecretario se debió a la necesidad de confirmar que la investigación estaba siendo abordada por la Fiscalía y de resolver un reemplazo adecuado.Esas son las razones fundamentales de estas horas que pasaron, concluyó.
La abogada Ana María Watkins ha interpuesto un recurso de protección contra 99 diputados en un intento de anular la acusación constitucional que llevó a la destitución del exministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. La acusación, que se fundamenta en un presunto notable abandono de deberes, fue aprobada por el Senado, impidiendo que Muñoz ocupe cargos públicos durante los próximos cinco años. Ante esto, la controversia se origina en el caso “Fundamenta”, donde se investiga la posible entrega de información privilegiada sobre un fallo judicial a su hija, Graciel Muñoz, jueza del Duodécimo Juzgado de Garantía de Santiago. La abogada sostiene que la acusación es arbitraria e ilegal, vulnerando garantías constitucionales y pidiendo que se restablezca el estado anterior a su presentación. Finalmente, Watkins solicita también la emisión de una orden de no innovar para mantener la situación en el mismo estado mientras se tramita el recurso, y exige que se condene en costas a quienes interpusieron la acusación. Este conflicto legal subraya las tensiones en el ámbito político y judicial del país, y pone de relieve la relevancia de los mecanismos de control y fiscalización en la función pública. El recurso se interpuso en contra de los siguientes diputados/as: Eric Aedo, Yovana Ahumada, Jorge Alessandri, René Alinco, Cristián Araya, Jaime Araya, Mónica Arce, Roberto Arroyo, Danisa Astudillo, Chiara Barchiesi, Miguel Ángel Becker, Juan Carlos Beltrán, Gustavo Benavente, Bernardo Berger, Alejandro Bernales, Carlos Bianchi, Sergio Bobadilla, Fernando Bórquez, Marta Bravo, Miguel Ángel Calisto, Karol Cariola, Álvaro Carter, José Miguel Castro, Andrés Celis, Daniella Cicardini, Sofía Cid, Juan Antonio Coloma, Sara Concha, María Luisa Cordero, Eduardo Cornejo, Gonzalo de la Carrera, Catalina del Real, Viviana Delgado, Felipe Donoso, Eduardo Durán, Jorge Durán, Camila Flores, Juan Manuel Fuenzalida, Mauro González, Jorge Guzmán, Marcos Ilabaca, Juan Eduardo Irarrazával, Andrés Jouannet, Harry Jürgensen, Johannes Kaiser, Crisian Labbé, Tomás Lagomarsino, Joaquín Lavín, Henry Leal, Enrique Lee, Daniel Lilayu, Andrés Longton, Luis Malla, Daniel Manouchehri, Cristóbal Martínez, Carolina Marzán, Christian Matheson, Karen Medina, Cosme Mellado, Miguel Mellado, José Carlos Meza, Helia Molina, Carla Morales, Cristian Moreira, Benjamín Moreno, Francesca Muñoz, Camila Musante, María Gloria Naveillán, Erika Olivera, Ximena Ossandón, Rubén Oyarzo, Joanna Pérez, Marlene Pérez, Guillermo Ramírez, Marcia Raphael, Jorge Rathgeb, Hugo Rey, Gaspar Rivas, Agustín Romero, Leonidas Romero, Natalia Romero, Jorge Saffirio, Luis Fernando Sánchez, Marisela Santibáñez, Frank Sauerbaum, Diego Schalper, Stephan Schubert, Alexis Sepúlveda, Raúl Soto, Marco Antonio Sulantay, Cristian Tapia, Hotuiti Teao, Renzo Trisotti, Héctor Ulloa, Francisco Undurraga, Cristóbal Urruticoechea, Sebastián Videla, Gastón Von Mühlenbrock y Flor Weisse.
En medio de la discusión de la Ley de Presupuestos 2025, el Senado ratificó la aplicación del test de drogas para la figura del Presidente de la República y su gabinete de ministros y subsecretarios, de forma semestral. Cabe recordar que tras la aprobación de la Cámara, desde La Moneda propusieron suprimir dicha medida como parte del Presupuesto, no obstante el Senado votó contra la idea del Ejecutivo y, por ahora, el test de drogas continuará vigente. La votación fue de 27 votos en contra, 12 a favor y 2 abstenciones. La indicación fue impulsada por el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma, quien destacó la importancia de que las autoridades se sometan a estos exámenes. Así como los diputados ya realizamos estos exámenes desde hace algún tiempo, no vemos razón para que el Presidente de la República, junto a sus ministros y subsecretarios, no deban también hacerlo, señaló el legislador. Desde el Gobierno, aunque no le cerraron la puerta a la aplicabilidad de los procedimientos, advirtieron que a través de la Ley de Presupuesto no es la forma más idónea. En esa misma línea, las reacciones no tardaron en llegar. Fue el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, explicó que no tenemos objeciones respecto de la necesidad de mejorar y perfeccionar nuestra legislación, pero creemos que esto debe hacerse a través de una normativa permanente, y no mediante la ley de presupuestos, que solo tiene vigencia por un año y donde, mediante una glosa, no se regulan todos los aspectos necesarios para que una normativa de esta naturaleza tenga sentido, sostuvo. De igual forma por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, recalcó que la iniciativa sobre el test de drogas no tenía mayor relación con la Ley de Propuesto y además, hizo reserva de constitucionalidad, por lo que podría acudir al Tribunal Constitucional.
El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, ratificó este miércoles la postura del ministro de Hacienda, Mario Marcel, de no entregar un bono a los vocales de mesa que trabajaron en las elecciones del 26 y 27 de octubre. Elizalde explicó que dicho trabajoes una obligación consagrada en la ley y que, en consecuencia, no corresponde realizar pagos adicionales. Ante esto, la discusión sobre un bono surgió después de que varios vocales de mesa denunciaran jornadas extenuantes y malas condiciones laborales durante los comicios regionales y municipales. A raíz de estas quejas, diputados de diversos sectores, así como el propio Servicio Electoral (Servel), apoyaron la propuesta de un pago extra o horas adicionales por los servicios prestados. Sin embargo, tanto Marcel como Elizalde coincidieron en que el Gobierno no puede destinar más recursos para este concepto. Elizalde insistió en que la postura del Ministerio de Hacienda ya está fijada y que, aunque los vocales de mesa cumplieron con una labor ardua,lo que corresponde es que la ley de Chile se cumpla. Además, el ministro recordó que la ley establece sanciones para aquellos que no cumplan con el rol asignado, subrayando que no es necesario recurrir a pagos adicionales para remunerar lo que ya está estipulado por la legislación.
En medio de las especulaciones sobre un inminente cambio de gabinete, el gobierno reafirmó su “total y absoluto respaldo” a la ministra del Interior, Carolina Tohá, para continuar liderando la cartera en medio de los desafíos de seguridad que enfrenta el país. La portavoz del Ejecutivo, Camila Vallejo, enfatizó la confianza del Presidente Gabriel Boric en Tohá, señalando que su gestión es clave para coordinar esfuerzos con las policías, el Ministerio Público y otras instituciones en la lucha contra la inseguridad, el crimen organizado y el narcotráfico en los barrios. Lo que yo puedo reafirmar es algo que ha dicho el Presidente de la República, que nuestra ministra del Interior y el equipo de gobierno cuentan con total y absoluto respaldo para las tareas que el mismo Presidente ha encomendado en torno a trabajar por la principal preocupación de los chilenos y chilenas, que es la agenda de seguridad, indicó Vallejo. Este apoyo explícito a Tohá surge en un contexto de cuestionamientos y críticas debido a su papel en el caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, lo que ha generado dudas sobre su continuidad en el ministerio. Sin embargo, Vallejo recalcó que el Ministerio del Interior debe estar “plenamente operativo y funcionando” para enfrentar los problemas de seguridad que afectan a la ciudadanía. Además, la vocera hizo una dura crítica al enfoque que ha tomado el debate sobre este caso, señalando que se ha centrado en la responsabilidad de Tohá y su par de la Mujer, Antonia Orellana, en lugar de atender a la protección de las víctimas.Es impresionante cómo ante la denuncia de violación contra un exsubsecretario termina siendo el foco de atención y de responsabilidad dos ministras mujeres, afirmó Vallejo, subrayando que el verdadero enfoque debería estar en el apoyo a las víctimas y en asegurar que la justicia actúe con rigurosidad y a tiempo. Finalmente, el gobierno, de esta manera, busca cerrar filas en torno a Tohá en la antesala de posibles ajustes ministeriales, reafirmando su compromiso con la agenda de seguridad y la lucha contra el crimen organizado.
Este lunes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, realizó una autocrítica sobre cómo el gobierno ha manejado el caso del exsubsecretario Manuel Monsalve. En respuesta a preguntas sobre si Monsalve se reunió con la familia de la denunciante durante su viaje a la región del Bío Bío, Tohá indicó que esa respuesta le corresponde al exsubsecretario. Respecto al descontento de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien expresó su deseo de haber sido informada antes sobre la situación, Tohá explicó que la decisión de mantener el asunto en reserva se debió a la naturaleza de los delitos denunciados, que involucran acciones en el marco de la Ley de Inteligencia, la cual exige una discreción absoluta. Asimismo, Tohá fue clara al afirmar que la filtración de información a la prensa no provino del gobierno, que mantuvo reserva total sobre el caso. También reconoció que la gestión del tema en La Moneda podría haber sido mejor. “Ciertamente esto se pudo haber hecho mejor, como todas las cosas, pero particularmente en esto identificamos varias materias. Lo que se puso en el centro fue actuar de manera responsable”, dijo. Finalmente, la ministra subrayó la necesidad de evaluar la permanencia de Monsalve en el cargo desde un principio y explicó que la demora entre el conocimiento de la denuncia y la renuncia del subsecretario se debió a la necesidad de confirmar que la investigación estaba siendo abordada por la Fiscalía y de resolver un reemplazo adecuado.Esas son las razones fundamentales de estas horas que pasaron, concluyó.
La abogada Ana María Watkins ha interpuesto un recurso de protección contra 99 diputados en un intento de anular la acusación constitucional que llevó a la destitución del exministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. La acusación, que se fundamenta en un presunto notable abandono de deberes, fue aprobada por el Senado, impidiendo que Muñoz ocupe cargos públicos durante los próximos cinco años. Ante esto, la controversia se origina en el caso “Fundamenta”, donde se investiga la posible entrega de información privilegiada sobre un fallo judicial a su hija, Graciel Muñoz, jueza del Duodécimo Juzgado de Garantía de Santiago. La abogada sostiene que la acusación es arbitraria e ilegal, vulnerando garantías constitucionales y pidiendo que se restablezca el estado anterior a su presentación. Finalmente, Watkins solicita también la emisión de una orden de no innovar para mantener la situación en el mismo estado mientras se tramita el recurso, y exige que se condene en costas a quienes interpusieron la acusación. Este conflicto legal subraya las tensiones en el ámbito político y judicial del país, y pone de relieve la relevancia de los mecanismos de control y fiscalización en la función pública. El recurso se interpuso en contra de los siguientes diputados/as: Eric Aedo, Yovana Ahumada, Jorge Alessandri, René Alinco, Cristián Araya, Jaime Araya, Mónica Arce, Roberto Arroyo, Danisa Astudillo, Chiara Barchiesi, Miguel Ángel Becker, Juan Carlos Beltrán, Gustavo Benavente, Bernardo Berger, Alejandro Bernales, Carlos Bianchi, Sergio Bobadilla, Fernando Bórquez, Marta Bravo, Miguel Ángel Calisto, Karol Cariola, Álvaro Carter, José Miguel Castro, Andrés Celis, Daniella Cicardini, Sofía Cid, Juan Antonio Coloma, Sara Concha, María Luisa Cordero, Eduardo Cornejo, Gonzalo de la Carrera, Catalina del Real, Viviana Delgado, Felipe Donoso, Eduardo Durán, Jorge Durán, Camila Flores, Juan Manuel Fuenzalida, Mauro González, Jorge Guzmán, Marcos Ilabaca, Juan Eduardo Irarrazával, Andrés Jouannet, Harry Jürgensen, Johannes Kaiser, Crisian Labbé, Tomás Lagomarsino, Joaquín Lavín, Henry Leal, Enrique Lee, Daniel Lilayu, Andrés Longton, Luis Malla, Daniel Manouchehri, Cristóbal Martínez, Carolina Marzán, Christian Matheson, Karen Medina, Cosme Mellado, Miguel Mellado, José Carlos Meza, Helia Molina, Carla Morales, Cristian Moreira, Benjamín Moreno, Francesca Muñoz, Camila Musante, María Gloria Naveillán, Erika Olivera, Ximena Ossandón, Rubén Oyarzo, Joanna Pérez, Marlene Pérez, Guillermo Ramírez, Marcia Raphael, Jorge Rathgeb, Hugo Rey, Gaspar Rivas, Agustín Romero, Leonidas Romero, Natalia Romero, Jorge Saffirio, Luis Fernando Sánchez, Marisela Santibáñez, Frank Sauerbaum, Diego Schalper, Stephan Schubert, Alexis Sepúlveda, Raúl Soto, Marco Antonio Sulantay, Cristian Tapia, Hotuiti Teao, Renzo Trisotti, Héctor Ulloa, Francisco Undurraga, Cristóbal Urruticoechea, Sebastián Videla, Gastón Von Mühlenbrock y Flor Weisse.
