El abogado Juan Pablo Hermosilla anunció que este jueves presentará una lista con los nombres de jueces y fiscales que, según él, han tenido relación profesional con su hermano, el abogado Luis Hermosilla, actualmente en detención preventiva. Esta medida surge en un contexto de creciente tensión en el ámbito judicial, tras una serie de acusaciones y defensas que rodean a importantes figuras del sistema de justicia y del ámbito político. Ante esto, la controversia escaló luego de que Luis Mariano Rendón, abogado querellante en el caso Dominga y Alto Mando, presentara una denuncia administrativa contra el fiscal nacional Ángel Valencia. Rendón acusa a Valencia deabuso de poder, en referencia a una declaración emitida por la Fiscalía Nacional que desmiente afirmaciones de la defensa de Luis Hermosilla sobre una supuesta reunión entre el abogado penalista y el exministro del Interior, Andrés Chadwick. Asimismo, Rendón calificó de “inaceptable” que la Fiscalía, como institución, defienda a Valencia, al tachar las imputaciones en su contra de “mentiras” y “amenazas” sin haber mediado una investigación. Según Rendón, estas calificaciones deberían ser evaluadas exclusivamente por tribunales, y no mediante comunicados institucionales.Valencia tiene el derecho y el deber de defenderse, pero en términos personales, no usando a la institución como escudo, sostuvo el abogado. Ahora bien, Rendón también expresó su interés en que se esclarezca si Valencia pudo haber intervenido en las causas contra el expresidente Sebastián Piñera, incluyendo el caso Dominga. Esta situación, dijo, podría estar relacionada con la falta de contundencia observada en algunas investigaciones de alto perfil. Finalmente, la acción de Hermosilla, al revelar esta lista de funcionarios, sumada a la denuncia de Rendón, añade tensión a una ya polémica serie de procesos judiciales que involucran a altos funcionarios y figuras políticas, y podría tener repercusiones en el sistema judicial chileno en las próximas semanas.
En medio de la creciente controversia por el caso Audio, la ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó que no se puede permitir que se inhabilite a cualquiera que haya tenido una conversación con el abogado Luis Hermosilla.No podemos caer en esa trampa, declaró en una entrevista con radio Cooperativa, enfatizando que no todas las personas que hablaron con Hermosilla están involucradas en actividades turbias. Ante esto, las revelaciones de los chats del jurista han llevado a investigaciones que afectan a diversos actores públicos, incluyendo a la recientemente removida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, cuyas conversaciones con Hermosilla revelaron intentos de manipulación en la designación de cargos judiciales. La situación ha causado preocupación en la ciudadanía, dada la gravedad de los sujetos involucrados. Asimismo, Tohá defendió la necesidad de investigar sin prejuicios, aclarando queno está todo el mundo metido y que muchos contactos no implican delitos. También mostró su apoyo al fiscal nacional, Ángel Valencia, quien admitió haber conversado con Hermosilla en un intento por resolver diferencias tras asumir su cargo. La ministra subrayó que cualquier sospecha legítima debe ser investigada, pero reiteró que no se puede generalizar la culpabilidad por simples contactos. “Los delitos son una cosa y los contactos son otra”, concluyó.
Luis Hermosilla, abogado en prisión preventiva en el marco del Caso Audios, ha denunciado a los fiscales encargados de la investigación por la filtración de sus chats personales a la prensa. La denuncia fue presentada por su hermano y defensor, Juan Pablo Hermosilla, quien ha criticado repetidamente las divulgaciones no autorizadas, argumentando que muchas de las conversaciones son de carácter privado y no tienen relación directa con la causa. Ante esto, según información de La Tercera, la denuncia abarca un extenso documento de 25 páginas, en el cual se detallan las publicaciones que han expuesto los chats de Hermosilla. Esta acción legal se dirige específicamente contra los fiscales Mario Carrera, Carmen Gloria Winter y Lorena Parra, quienes, de comprobarse su responsabilidad, podrían enfrentar cargos por revelación de secretos y obstrucción a la justicia. Finalmente, la defensa de Hermosilla sostiene que los mensajes estaban protegidos por el secreto de la investigación, dado que fueron obtenidos de su teléfono celular incautado. La controversia resalta las tensiones entre el derecho a la privacidad y la transparencia en las investigaciones judiciales, planteando interrogantes sobre el manejo de la información sensible en el sistema penal.
En una reciente entrevista en Mesa Central de Tele13 Radio, el fiscal nacional, Ángel Valencia, abordó una reunión clave que tuvo con el abogado imputado Luis Hermosilla y el exministro del Interior, Andrés Chadwick, poco después de asumir su cargo en la Fiscalía. Valencia enfatizó que su interacción con Chadwick, quien actualmente enfrenta investigaciones en el caso Audio, se debió arazones profesionales, negando cualquier vínculo político o personal. Ante esto, Valencia también mencionó que, durante su etapa de doctorado, consultó a Chadwick sobre su ingreso a la Universidad San Sebastián, aunque su relación con él fue breve y limitada. Al referirse a posibles conflictos de interés, el fiscal expresó que, si se presentara una causa que lo involucrara directamente, se inhabilitaría para abordarla. Asimismo, un aspecto controvertido de la entrevista fue la revelación de un encuentro con Hermosilla, donde el abogado le planteó inquietudes sobre el caso de Héctor Espinosa, exdirector de la PDI, acusado de corrupción. Valencia rechazó las solicitudes de Hermosilla, recordando que no era su competencia intervenir en dicha materia. El fiscal reconoció que su conversación con el abogado fue inapropiada y reflexionó sobre la lección aprendida, asegurando que no repetirá un comportamiento similar en el futuro. Finalmente, esta situación destaca la complejidad de los vínculos entre abogados y fiscales, así como la necesidad de mantener la integridad y la independencia en la investigación de casos de corrupción.
En una nueva vuelta del caso Penta, los abogados María Inés Horvitz y Mauricio Daza han presentado una querella contra el exfiscal Manuel Guerra, el abogado Luis Hermosilla y el exministro Andrés Chadwick. La acción se basa en la revelación de conversaciones entre Guerra y Hermosilla, que apuntan a irregularidades en la gestión del caso. Ante esto, la querella presentada en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, solicita el levantamiento del secreto bancario de los implicados y el acceso a cualquier aplicación de mensajería, incluidos WhatsApp y Telegram, durante el periodo de 2016 a 2024. Según el documento, Guerra y Hermosilla son acusados de cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación administrativa, mientras que a Hermosilla se le atribuye el delito de soborno. Asimismo, Horvitz y Daza argumentan que Guerra actuó de manera parcial y desleal, alterando la investigación a su favor. Se indica que existió una “estratagema” que vincula a los acusados, señalando que Hermosilla facilitó un puesto académico a Guerra tras su renuncia al Ministerio Público. Finalmente, la querella subraya la necesidad de esclarecer las conexiones entre los involucrados y las posibles transacciones ilegales, solicitando acceso a documentos y comunicaciones que podrían revelar la extensión de las irregularidades en este emblemático caso.
El abogado Juan Pablo Hermosilla anunció que este jueves presentará una lista con los nombres de jueces y fiscales que, según él, han tenido relación profesional con su hermano, el abogado Luis Hermosilla, actualmente en detención preventiva. Esta medida surge en un contexto de creciente tensión en el ámbito judicial, tras una serie de acusaciones y defensas que rodean a importantes figuras del sistema de justicia y del ámbito político. Ante esto, la controversia escaló luego de que Luis Mariano Rendón, abogado querellante en el caso Dominga y Alto Mando, presentara una denuncia administrativa contra el fiscal nacional Ángel Valencia. Rendón acusa a Valencia deabuso de poder, en referencia a una declaración emitida por la Fiscalía Nacional que desmiente afirmaciones de la defensa de Luis Hermosilla sobre una supuesta reunión entre el abogado penalista y el exministro del Interior, Andrés Chadwick. Asimismo, Rendón calificó de “inaceptable” que la Fiscalía, como institución, defienda a Valencia, al tachar las imputaciones en su contra de “mentiras” y “amenazas” sin haber mediado una investigación. Según Rendón, estas calificaciones deberían ser evaluadas exclusivamente por tribunales, y no mediante comunicados institucionales.Valencia tiene el derecho y el deber de defenderse, pero en términos personales, no usando a la institución como escudo, sostuvo el abogado. Ahora bien, Rendón también expresó su interés en que se esclarezca si Valencia pudo haber intervenido en las causas contra el expresidente Sebastián Piñera, incluyendo el caso Dominga. Esta situación, dijo, podría estar relacionada con la falta de contundencia observada en algunas investigaciones de alto perfil. Finalmente, la acción de Hermosilla, al revelar esta lista de funcionarios, sumada a la denuncia de Rendón, añade tensión a una ya polémica serie de procesos judiciales que involucran a altos funcionarios y figuras políticas, y podría tener repercusiones en el sistema judicial chileno en las próximas semanas.
En medio de la creciente controversia por el caso Audio, la ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó que no se puede permitir que se inhabilite a cualquiera que haya tenido una conversación con el abogado Luis Hermosilla.No podemos caer en esa trampa, declaró en una entrevista con radio Cooperativa, enfatizando que no todas las personas que hablaron con Hermosilla están involucradas en actividades turbias. Ante esto, las revelaciones de los chats del jurista han llevado a investigaciones que afectan a diversos actores públicos, incluyendo a la recientemente removida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, cuyas conversaciones con Hermosilla revelaron intentos de manipulación en la designación de cargos judiciales. La situación ha causado preocupación en la ciudadanía, dada la gravedad de los sujetos involucrados. Asimismo, Tohá defendió la necesidad de investigar sin prejuicios, aclarando queno está todo el mundo metido y que muchos contactos no implican delitos. También mostró su apoyo al fiscal nacional, Ángel Valencia, quien admitió haber conversado con Hermosilla en un intento por resolver diferencias tras asumir su cargo. La ministra subrayó que cualquier sospecha legítima debe ser investigada, pero reiteró que no se puede generalizar la culpabilidad por simples contactos. “Los delitos son una cosa y los contactos son otra”, concluyó.
Luis Hermosilla, abogado en prisión preventiva en el marco del Caso Audios, ha denunciado a los fiscales encargados de la investigación por la filtración de sus chats personales a la prensa. La denuncia fue presentada por su hermano y defensor, Juan Pablo Hermosilla, quien ha criticado repetidamente las divulgaciones no autorizadas, argumentando que muchas de las conversaciones son de carácter privado y no tienen relación directa con la causa. Ante esto, según información de La Tercera, la denuncia abarca un extenso documento de 25 páginas, en el cual se detallan las publicaciones que han expuesto los chats de Hermosilla. Esta acción legal se dirige específicamente contra los fiscales Mario Carrera, Carmen Gloria Winter y Lorena Parra, quienes, de comprobarse su responsabilidad, podrían enfrentar cargos por revelación de secretos y obstrucción a la justicia. Finalmente, la defensa de Hermosilla sostiene que los mensajes estaban protegidos por el secreto de la investigación, dado que fueron obtenidos de su teléfono celular incautado. La controversia resalta las tensiones entre el derecho a la privacidad y la transparencia en las investigaciones judiciales, planteando interrogantes sobre el manejo de la información sensible en el sistema penal.
En una reciente entrevista en Mesa Central de Tele13 Radio, el fiscal nacional, Ángel Valencia, abordó una reunión clave que tuvo con el abogado imputado Luis Hermosilla y el exministro del Interior, Andrés Chadwick, poco después de asumir su cargo en la Fiscalía. Valencia enfatizó que su interacción con Chadwick, quien actualmente enfrenta investigaciones en el caso Audio, se debió arazones profesionales, negando cualquier vínculo político o personal. Ante esto, Valencia también mencionó que, durante su etapa de doctorado, consultó a Chadwick sobre su ingreso a la Universidad San Sebastián, aunque su relación con él fue breve y limitada. Al referirse a posibles conflictos de interés, el fiscal expresó que, si se presentara una causa que lo involucrara directamente, se inhabilitaría para abordarla. Asimismo, un aspecto controvertido de la entrevista fue la revelación de un encuentro con Hermosilla, donde el abogado le planteó inquietudes sobre el caso de Héctor Espinosa, exdirector de la PDI, acusado de corrupción. Valencia rechazó las solicitudes de Hermosilla, recordando que no era su competencia intervenir en dicha materia. El fiscal reconoció que su conversación con el abogado fue inapropiada y reflexionó sobre la lección aprendida, asegurando que no repetirá un comportamiento similar en el futuro. Finalmente, esta situación destaca la complejidad de los vínculos entre abogados y fiscales, así como la necesidad de mantener la integridad y la independencia en la investigación de casos de corrupción.
En una nueva vuelta del caso Penta, los abogados María Inés Horvitz y Mauricio Daza han presentado una querella contra el exfiscal Manuel Guerra, el abogado Luis Hermosilla y el exministro Andrés Chadwick. La acción se basa en la revelación de conversaciones entre Guerra y Hermosilla, que apuntan a irregularidades en la gestión del caso. Ante esto, la querella presentada en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, solicita el levantamiento del secreto bancario de los implicados y el acceso a cualquier aplicación de mensajería, incluidos WhatsApp y Telegram, durante el periodo de 2016 a 2024. Según el documento, Guerra y Hermosilla son acusados de cohecho agravado, violación de secreto y prevaricación administrativa, mientras que a Hermosilla se le atribuye el delito de soborno. Asimismo, Horvitz y Daza argumentan que Guerra actuó de manera parcial y desleal, alterando la investigación a su favor. Se indica que existió una “estratagema” que vincula a los acusados, señalando que Hermosilla facilitó un puesto académico a Guerra tras su renuncia al Ministerio Público. Finalmente, la querella subraya la necesidad de esclarecer las conexiones entre los involucrados y las posibles transacciones ilegales, solicitando acceso a documentos y comunicaciones que podrían revelar la extensión de las irregularidades en este emblemático caso.
